La seguridad es un componente clave de la calidad de la asistencia sanitaria y un derecho de los pacientes reconocido a nivel internacional. Todas las políticas sanitarias sitúan la seguridad del paciente en un lugar preponderante.
Los medicamentos, antes de poder ser utilizados, deben pasar por una serie de estrictos controles que garanticen su seguridad. La eficacia y la seguridad son los dos principales objetivos en el desarrollo de los fármacos. No debemos olvidar que todos los medicamentos sirven para curar enfermedades, pero también pueden provocar perjuicios si no se utilizan adecuadamente. Por este motivo, una vez que se encuentran en el mercado, los medicamentos también han de ser estrechamente vigilados para detectar cualquier problema que hubiera podido pasar desapercibido en la investigación previa. Fruto de la necesidad de vigilar los posibles problemas relacionados con el uso de los medicamentos apareció el Sistema Español de Farmacovigilancia.
El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos (SEFV) de Uso Humano es una estructura coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que realiza la supervisión del uso de los medicamentos, específicamente en todo lo relacionado con la posible aparición de reacciones adversas a los mismos.
El fin primordial de la farmacovigilancia es proporcionar de forma continuada la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, posibilitando la adopción de las medidas oportunas, y asegurando así que los medicamentos disponibles presenten una relación beneficio-riesgo favorable para las personas en las condiciones de uso autorizadas.
La farmacovigilancia es una responsabilidad compartida por las autoridades competentes, los laboratorios farmacéuticos, y los profesionales sanitarios. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás profesionales sanitarios tienen la obligación de notificar toda sospecha de reacción adversa a medicamentos, y enviarla de manera urgente al correspondiente Centro Autonómico de Farmacovigilancia. Para ello, se utilizan las conocidas “tarjetas amarillas”, que son los formularios utilizados para comunicar las potenciales reacciones adversas. También es posible la notificación online a través de la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los pacientes también pueden comunicar las posibles reacciones adversas que detectan en sus tratamientos.
Tras la notificación, el comité técnico de farmacovigilancia de la Agencia, evalúa la importancia de la reacción y adopta las medidas adecuadas que pueden llegar a la retirada temporal o definitiva del medicamento y, por supuesto, informa a todos los agentes sanitarios implicados.
Aunque son las autoridades competentes las que deben informar y actuar en caso de descubrir una posible reacción adversa, los pacientes también deben notificar a su médico o farmacéutico cualquier reacción aparentemente relacionada con un medicamento que esté utilizando, para contribuir activamente a la seguridad de todos.
El profesional sanitario español tiene el deber, y por tanto la responsabilidad, de comunicar a los órganos competentes las sospechas de reacciones adversas de las que tenga conocimiento y que pudieran ser causadas por medicamentos, asegurando así el correcto inicio del sistema de notificación espontánea. Es aquí donde el farmacéutico, como profesional sanitario que se encuentra a pie de calle y en contacto directo con el paciente, posee un papel privilegiado en la identificación de las reacciones adversas a los medicamentos.
